Contraloría destapa increíbles irregularidades en Serviu de la V Región en Gobierno de Bachelet

Las bases de licitación se aplicaron a lo menos en forma “flexible”.
Y así, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la V Región de Valparaíso permitió que empresas constructoras modificaran las obras públicas a realizar, en general haciendo menos de lo presupuestado, pero cobrando exactamente lo mismo que en principio, produciendo con ello un importante perjuicio a las arcas estatales.

Esa es una de las situaciones detectadas por la Contraloría General de la República, en una auditoría a la que accedió “La Segunda”, tras revisar la actuación del Serviu durante 2009 y comienzos de 2010. Para ello, hizo un muestreo del 28,5% de movimientos (por $65.148.396.000) realizados en el periodo.

Las irregularidades en parte fueron posibilitadas por comprobantes de ingresos que “no cuentan con autorización”, y la inexistencia de “arqueos a los fondos de Tesorería y a los fondos fijos, por parte de personal independiente de Finanzas”.

Sumario por $1.304.821.679

El primer sumario de relevancia fue ordenado por los $1.304.821.679 pagados por la pavimentación de calzadas y aceras en los sectores de Playa Ancha, Cerro Mariposas y Placeres, de Valparaíso.

La primera licitación se declaró desierta, tras lo cual se llamó a participar a tres empresas, se les cambiaron las condiciones de postulación por otras más favorables, eliminándose una serie de construcciones a realizar. A pesar de ello no se llamó a una nueva licitación, lo que el organismo fiscalizador calificó como una “contravención” a la ley.

Así y todo, sólo se presentó una firma: Constructora Gonzalo Mercadal y Cía. Ltda., a la cual se asignó el proyecto, que originalmente era por $1.167.476.985, pero se aumentó a $1.304.821.679 al agregársele nuevas obras.

La firma dejó de construir una serie de trabajos establecidos en el convenio —por ejemplo, un muro de hormigón de 9 metros, otro de 17 m quedó en 13 m y un tercero de 25 m quedó en 6 m— y sí realizó otras labores no especificadas, aunque menores. Contraloría ordenó el proceso sumarial.

Más plata por menos obras

Otro problema se presentó en el Barrio Vista al Mar de Concón, donde se contempló pagar $387.370.396 por el proyecto “Quiero mi barrio” y se terminó desembolsando $408.109.104.

La licitación se declaró desierta, a pesar de que durante el proceso se eliminó una gran parte de las obras a realizar y sólo se dejó la construcción del Parque Recreativo Central, quedando fuera trabajos en tres plazas, pavimentación de calzada y aguas lluvia en calle La Rayuela y pavimentación de aceras en otras 5 calles.

Para zanjar la situación, se adjudicó directamente el proyecto a Siglo Verde S.A., acordándose un precio de $408.109.104. Contraloría concluyó que “los cambios introducidos al proyecto implican una modificación a las bases de licitación y ordenó un “proceso disciplinario”.

También se hicieron menos obras y hubo una serie de deficiencias constructivas en el contrato por $985.717.831 que por concurso ganó la firma Gastón Ramírez Matamala para el programa de pavimentación participativa en Quilpué. Pese a ello, igual se pagó toda la suma estipulada inicialmente.

Similares situaciones —obras sin hacer o incompletas— se detectaron en millonarios proyectos, como por ejemplo en Nogales ($489.608.588) y en el polémico conjunto habitacional Valle de Andorra, en Valparaíso, en que por irregularidades en los estudios de suelo hubo que desembolsar $1.500.000.000 millones adicionales para la construcción de un muro de contención de taludes. En este caso, un grupo de parlamentarios de la Alianza presentó una querella ante la justicia.

También se concedió permiso para construir viviendas habitacionales saltándose los planos reguladores de Quillota, lo que también valió la realización de un sumario. En otros casos, los libros de obra no tienen los antecedentes sobre deficiencias constructivas, como por ejemplo en el proyecto Nuevo Porvenir en Villa Alemana (US$ 4,5 millones).

Vista gorda a Esval

La entidad ordenó realizar sumarios por obras no realizadas o hechas a medias, adjudicaciones de millonarias construcciones sin licitaciones y falta de control a Esval, dejando de cobrar dineros adeudados.

Según el contrato de Rotura y Reposición de pavimento entre el Serviu y la sanitaria Esval S.A., esta última debe pagar al fisco cada vez que interviene una calle. Contraloría constató que Vivienda “no revisa ninguna de las obras”, ni siquiera para recepcionarlas.

Además, en todo 2007, 2008 y parte de 2009 no se cobró a Esval los alrededor de $120 millones que debió cancelar en virtud del convenio, cifra que enteró de una sola vez en 2009.

Sin embargo, se dio cuenta de UF 403 que aún adeudaba la empresa.

Ante las irregularidades, Contraloría decidió verificar la veracidad de los datos proporcionados por Serviu (en general inexistentes) y Esval. Tomó un muestreo de 84 puntos intervenidos y se dio cuenta de que 39 obras no fueron informadas por la firma a Vivienda, “y por ende el servicio no las inspeccionó, ni recibió pago de los derechos correspondientes”. Ordenó la realización de un sumario.

LA TERRIBLE CORRUPCION DE LOS GOBIERNOS DE LAGOS Y BACHELET

EL PERFUME DE LA CORRUPCION
Una de las heridas más lacerantes de la Concertación en los últimos años ha sido la constante sospecha ciudadana de que en los gobiernos de esa coalición se han desviado fondos para beneficiar a militantes y partidarios, situados en las mismas estructuras estatales o que actúan al alero de ellas, a través de prestaciones de servicios, asesorías, postulaciones, contratos y prebendas diversas.

Cada vez que logra silenciarse el escandalillo de turno, resurge otro, tanto o más impresentable que el anterior. En esta ocasión apareció una lista de pago de honorarios efectuados por la Dirección General de Gendarmería a connotados miembros de la elite oficialista entre 1990 y 2006. Entre los favorecidos destacan los actuales ministros de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), y del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS); el senador radical y ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez; los actuales embajadores en España, Osvaldo Puccio (PS), y en Alemania, Marigen Hornkohl (DC); y los ex subsecretarios de Chiledeportes, Loreto Ditzel (DC); del Interior, Jorge Correa Sutil (PDC); y de Justicia, Jaime Arellano Quintana (DC).

Carlos Maldonado recibió de Gendarmería más de 15 millones de pesos entre 1998 y 2000, como jefe de gabinete del entonces subsecretario de Justicia, José Antonio Gómez. Este último, a su vez, percibió más de 7 y medio millones de pesos, entre 1995 y 1996, mientras era jefe de gabinete de la subsecretaría de Justicia y asesor de la ministra del ramo, la actual senadora y presidenta del PDC, Soledad Alvear. La actual embajadora en Alemania y ex ministra de Educación, Marigen Hornkohl, en tanto, recibió más de 40 millones de pesos entre 1994 y 2000, cuando fue jefa de gabinete de Soledad Alvear en Justicia.

DANZA DE MILLONES

El exl ministro del Trabajo y Previsión Social de Bachelet, Osvaldo Andrade , giputado y Presidente del PS, figura en la nómina percibiendo casi 25 millones de pesos entre los años 1996 y 2005. El ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil (DC), asimismo, prestó servicios a Gendarmería en 1994, por poco más de 1 millón de pesos. También está en la lista el ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano Quintana (DC,) con casi 9 millones de pesos, en el período que trabajaba como asesor de Soledad Alvear y jefe de gabinete del ex diputado Gutenberg Martínez, ex presidente de la Cámara Diputados y marido de Alvear.
Otra figura cercana al alvearismo involucrada es la ex directora -por casi dos días- de Chiledeportes, Loreto Ditzel. La sicóloga, propuesta por la presidenta de la DC para la entidad deportiva, figura recibiendo un monto superior a los 6 millones de pesos, entre los años 2000 y 2001. Ditzel fue jefa de gabinete de la ministra de Mideplan el 2000, ha realizado gran parte de su carrera en el Servicio Nacional de Menores (Sename), donde fue subdirectora y jefa del Departamento de Protección de Derechos, desde el 2001 hasta el año pasado.
El ex ministro secretario general de Gobierno y actual embajador en España, Osvaldo Puccio (PS), aparece recibiendo pagos por más de 23 millones de pesos entre los años 2000 y 2003. Hasta mediados del 2000, Puccio se desempeñó como embajador en Austria; de regreso al país, ejerció funciones como asesor del director de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) de la Cancillería. Al año siguiente fue designado subdirector del organismo, encabezado en aquel instante por el profesor de Filosofía Marcelo Rozas, ex director-propietario de la revista Hoy, estrecho amigo de los Martínez-Alvear y en la actualidad embajador de Chile en la República Checa.

Casi todos los personeros de la DC que aparecen involucrados en estos pagos suplementarios hechos por el servicio de Gendarmería, pertenecen al núcleo más duro de la corriente que encabeza el matrimonio de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, golpeado además por las irregularidades detectadas en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), cuyo cuestionado ex presidente Luis Ajenjo Isazi, también es muy cercano a ellos.

LOS TRENES DE AJENJO Y LOS VINCULOS DEL GUTE
Una comisión parlamentaria investiga las irregularidades detectadas por la Contraloría en 35 contratos de EFE, cuyo monto ascendería a 128 millones de dólares. Al mismo tiempo se cuestiona que Ajenjo haya comprado cuatro trenes a la empresa española Renfe y no a una compañía china que cobraba mucho menos.

Luis Ajenjo se abrió camino en el mundo político a través de la presidencia del directorio de Radio Cooperativa, luego de trabajar con Genaro Arriagada entre 1976 y 1978 en la Editorial Aconcagua. En la radio conoció a otras figuras de la DC que participaban en la sociedad, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Enrique Krauss, Jaime Ravinet y Carlos Figueroa. Más tarde dirigió el fallido proyecto del canal televisivo Rock and Pop, que murió tras cuatro años en el aire.
Ajenjo estudió en el colegio Mackay de Viña de Mar y más tarde en el Liceo J.V. Lastarria en Santiago. En 1972 ingresó a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería comercial, pero sólo llegó hasta tercer año. Allí conoció a Victoria Martínez, hermana de Gutenberg, con quien se casó en 1978. Ella ocupa desde 1990 cargos gerenciales en el BancoEstado, donde hoy dirige el área de Sucursales y Banca.

A fines de los años 70, Ajenjo fue vicepresidente de la JDC, forjando férrea amistad con entonces presidente de esa rama del partido, el actual senador Jorge Pizarro, otro militante cercano al “gutismo”.

Ajenjo mantiene también vínculos comerciales con Gutenberg Martínez. Son socios desde 1994 en la Sociedad Inmobiliaria Lonquén, donde participan los diputados Gonzalo Duarte y Juan Carlos Latorre, el senador Jorge Pizarro y el ex ministro de Economía, José de Gregorio.
Ajenjo participó además en la plana ejecutiva del desaparecido Diario Siete y ha colaborado con Martínez como director del Centro de Estudios y Gestión para el Desarrollo (Cegades), un vivero ideológico del “gutismo”, donde han destacado Gonzalo Duarte, Pedro Vallejos, Daniela Moreno y Francisco Jara, entre otros. Este centro desarrolla diversos programas con ministerios y entidades estatales.

Desde el Cegades se han tejido vínculos con la mayoría de los centros productores de ideas del PDC, así como con partidos y fundaciones que les son cercanas en el exterior, como la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) de la que Martínez fue presidente, y la fundación alemana Konrad Adenauer.

Otro punto de apoyo de Martínez es la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo directorio preside y que integran Víctor Aguilera, Héctor Altamirano, Mercedes Aubá, Jorge Awad, Ernesto Corona, Edmundo Hermosilla, Hugo Lavados, Angel Maulén, José Musalem, Walter Oliva, Luis Ortiz Quiroga, Oscar Pizarro, Francisco Salazar, Juan J. Santa Cruz y Gonzalo Torres. El actual rector es el ex ministro de Justicia de Patricio Aylwin, Francisco Cumplido Cereceda.

En abril de 2005, Gutenberg Martínez fue cuestionado porque la Sociedad Defensa Jurídica S.A., una de cuyas propietarias es la Universidad Miguel de Cervantes, se adjudicó cerca del 40% de las causas que licitó la Defensoría Pública en la Región Metropolitana. En ese momento el subsecretario de Justicia era Jaime Arellano, quien entre 1997 y 1998 había sido director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. La Defensoría Pública estaba en manos del socialista Rodrigo Quintana, cercano aliado de Soledad Alvear, quien recién había nombrado al desprestigiado ex alcalde Héctor Pinto (DC), como defensor público en Valparaíso.
Otro ganador en aquella licitación fue la Sociedad de Asesoría Jurídica Decap y Vallejos Ltda., propiedad en un 50% del abogado Mauricio Decap Fernández, quien trabajaba desde 1992 en el Ministerio de Justicia y a quien Soledad Alvear había incluido en 1998 como asesor en la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal.

La sociedad del abogado Decap, que en ese instante era asesor del ministro de Justicia, Luis Bates, se adjudicó 3.546 causas penales, equivalentes a unos 300 millones de pesos.
La diputada Marcela Cubillos (UDI) señaló en esa oportunidad que “acá todos los involucrados han sido, hasta el día antes de asumir la Defensoría Nacional, asesores de Soledad Alvear o de Gutenberg Martínez”.

La denuncia señalaba que 123 sociedades jurídicas postularon a ese concurso para proveer los cargos de defensores públicos en Santiago. Pero sólo dos firmas de abogados concentraron el 80% de los puestos: la Sociedad de Defensores Penales Metropolitanos y la Sociedad Defensa Jurídica S.A., ligada a la Universidad Miguel de Cervantes, de Gutenberg Martínez.

CORRUPTOS Y CORRUPTORES

El diputado Felipe Ward (UDI), quien destapó el pago de honorarios a través de Gendarmería entre 1990 y 2006, pidió información sobre eventuales pagos realizados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Registro Civil y el Servicio Médico Legal (SML). El parlamentario cree que varios nombres que aparecen en la nómina de Gendarmería se repetirán en otras reparticiones dependientes del Ministerio de Justicia.

En otra arista de estos escandalillos la jueza Gloria Ana Chevesich condenó a 541 días al ex coordinador de Desarrollo y Gestión de Proyecto de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Julio Toro, por exacción ilegal de 50 millones de pesos a Perfecto Segura, dueño de la empresa española Cygsa, contratista del MOP.

Toro exigió a Cygsa que pagara los honorarios de once funcionarios del MOP. El español Segura declaró a Chevesich que accedió al pago porque se lo solicitaba una autoridad y consideró que no podía rehusarse. Además, dijo que sintió que la exigencia se le planteó porque tenía la calidad de emigrante “pensando que aparentemente así se obraba en este país, esto es, que la autoridad abusaba de su poder”.

Los 50 millones fueron utilizados para pagar sobresueldos a once funcionarios, entre ellos, Enrique París, ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, a quien le cancelaron casi 8 millones de pesos.
En su fallo de 107 páginas, la jueza Chevesich se refirió a una serie de correos electrónicos enviados al ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, y de éste a otros funcionarios. Grafican la crisis presupuestaria y financiera de la Coordinación General de Concesiones en los años 1999 y 2000, lo que motivó a las autoridades de la época a impartir instrucciones para paliar esa situación, pero que no se concretaron según Chevesich.
“Estamos en problemas... ¿Te imaginas si esta lista (nombres de los funcionarios que recibían altas remuneraciones) cae en manos de Pérez y Pérez (Lily Pérez, de RN, y el senador Víctor Pérez, de la UDI, N. de PF) y de los amigos DC?”, preguntaba Ricardo Badilla, entonces coordinador general de concesiones, en uno de los correos dirigidos a Cruz.
“La Administración Pública se protege en cuanto sirve en forma concreta a unos intereses generales, no a los intereses sectoriales de un grupo de gobierno, o de un partido político, sino a los de todos los ciudadanos”, señaló la ministra Chevesich en su fallo. Agrega que la corrupción “constituye un nocivo entorpecimiento en el accionar del aparato estatal que socava las bases de toda sociedad democrática, pues los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones públicas”. Añade que si la corrupción se implanta en un organismo, “no es sólo porque hay un funcionario o agente público corrompido, sino que, necesariamente, porque hay un particular corrupto”.

En otro correo incautado por Chevesich, el entonces ministro Carlos Cruz pide a una funcionaria que contrate a “un señor Molina” (hermano de Germán Molina, PPD, ex ministro de Transportes y en la época coordinador general de Concesiones). “Creo que siempre hay cosas que hacer que no resultan del todo gratas, pero hay que mirarlas como una inversión”, sostiene el ex ministro en su mensaje electrónico.

PREGUNTAS QUE QUEMAN

Para despejar cualquier duda sobre los pagos realizados por Gendarmería y otras entidades públicas a funcionarios del gobierno que laboran a contrata o honorarios, sería útil conocer los trabajos que esas personas realizan. Parece extraño, por decir lo menos, que importantes funcionarios de ministerios y otras reparticiones públicas tengan dos, tres, cuatro o más ingresos simultáneos que provienen del Estado.

Un jefe de gabinete no gana menos de 1 millón y medio de pesos mensuales y en muchos casos sus jefes les suplementan los sueldos con “pitutos” que nadie sabe a qué horas realizan.
Existen cerca de 90 mil funcionarios que trabajan a contrata y honorarios en la Administración Pública. La planta funcionaria fue amarrada por la dictadura militar y los gobiernos de la Concertación han preferido infringir las leyes laborales antes que hacer frente al problema real.
Son ya demasiadas las irregularidades y escándalos que se han conocido en los últimos años. Si se desea frenar la corrupción antes que sea demasiado tarde, se debe proceder con urgencia de cirujano. Lo ocurrido en México, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, por citar algunos países donde huele a podredumbre, son ejemplos que no se deben imitar

MANUEL SALAZAR SALVO
(Publicado en “Punto Final” Nº 644, 27 de julio, 2007)

Luis Ajenjo nuevamente en la mira

SE SIGUEN ROBANDO LA PLATA DE TODOS LOS CHILENOS

En el Gobierno de Ricardo Lagos 2000-2006 sucedieron los siguientes hechos de corrupción.

Año 2000

Correos de Chile . Caso Indemnizaciones. El director PS René Labraña recibió por desahucio $71 millones tras sólo 4 años de trabajo

Empresa Nacional de Carbón, Enacar. Pérdidas de $800 millones

Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE . Patricio Morales (PRSD) recibió 47 millones como "indemnización" para abandonar la dirección de EFE tras 7 años en el cargo

MOP / Aeropuerto Arturo Merino Benítez .En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del aeropuerto, la sociedad concesionaria alegó que las bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución. En mayo, el tribunal arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 UF

Consejo de Defensa del Estado La presidenta del Consejo, Clara Szcaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa minera, mientras se encontraba fuera del país. La presidenta del CDE fue amonestada por la Corte Suprema

Año 2001

Casa de la Moneda . Severos problemas administrativos que terminan en la salida del Director del organismo

Conade.Serias irregularidades en el fondo para la compra de tierras en Temuco

MOP-Gate . Irregularidades en contrato, detectadas por la Contraloría General de la República

CONAMA. Irregularidades en licitación de contenedores de basura

Enap .Altos directores del organismo aparecen implicados en escándalo de "indemnizaciones", sobre sale el nombre del ex Gerente General, Álvaro García Álamos, padre del ex ministro

Polla chilena de beneficencia . Orlando Cantuarias (PRSD) recibió una indemnización de $90 millones por 10 años de servicio

Enami. Patricio Artiagoitía (hermano del Rumpy y del cura "Jolo", recibió $32.631.000 por concepto de "indemnización" luego de dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes que devolver el dinero, tal como lo pidió Lagos

Año 2002

MOP La Dirección de Vialidad del MOP de despilfarro $3.400 millones.Entre los gastos figuraban una conferencia de prensa de $850 mil, la suscripción a una revista por $8 millones al año y contratos de asesorías.

Ministerio de Transportes .Caso Coimas.: red de falsificación de certificados de revisión técnica.

Minsal / Ministerio Secretaría General de Gobierno Se utilizan $600 millones del Estado para financiar la publicidad del Plan Auge en radio y televisión. Hoy cuestionadp por irregularidades y no cumplimiento.

Congreso Nacional (uso de recursos públicos y nepotismo) Guido Girardi (PPD) aparece implicado en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales al interior del partido. Se descubre además que el senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados.

Enap. Lobby ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del alto precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante del mismo

Seremi de Educación VI Región / Mineduc .Fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua que recibían subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona. Al estudiarse la lista de matriculados se descubrió que casi todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos para asistir a clases y que, incluso, algunos habían fallecido. Las acuasaciones apuntaron sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, Valentina Tapia. Estas responsabilidades significaron la salida del Seremi de la VI Región, Víctor Olea. Un informe de la Contraloría de marzo de 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa

Minsal Fiesta con cerca de $28 millones en el ministerio para celebrar el aniversario de la creación del Servicio Nacional de Salud

MOP-Gate El ex Seremi de Transportes, Héctor Peña, creó la empresa Gestión Ambiental y Territorial SA (GATE), que asesoraba servicios de reparticiones públicas. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a Gate, pero investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo. Se recuperaron $172 millones. Gate era una empresa falsa que buscaba desviar fondos públicos a campañas políticas, En abril de 2001 la Contraloría General de la República detectó las primeras irregularidades en un contrato Gate, luego de una fiscalización realizada al MOP. La empresa había estado pagando sobresueldos a funcionarios del MOP, comprometiendo seriamente al ministro Carlos Cruz (PS). Se verificó que Gate recibía pagos por más de $1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registraba $1.400 millones. Involucró a personas relacionadas con el Presidente Lagos, como Matías de la Fuente, sobrino de la Primera Dama. El 8 de diciembre de 2005 la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos

MOP / Ciade (Universidad de Chile)

Se detectó la participación del Centro de Investigación Aplicada para la Investigación de la Empresa (CIADE), de la Universidad de Chile en trabajos con el MOP que fueron pagados, pero no ejecutados.

Año 2003

Seremi de Educación IX Región Irregularidades en dineros y falsificación de documentos públicos

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)/Proem $4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el país que nunca recibieron estos beneficios

Minsal/Centro Nacional de Abastecimientos (CENABAST)

En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fue repartida por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales.

Sence/Escuela de conducción Siglo XXI empresa que recibió más de $1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la que figuraban personas que nunca asistieron a los cursos

Ministerio Secretaría General de Gobierno / Ceduc

En el marco del programa Pro-Empleo, por intermedio de la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el Gobierno a la ONG Ceduc, cuyo Director Ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Ministerio de Relaciones Exteriores US$8 millones por sobre el valor real del edificio.

Banco Central / Inverlink / CORFO

Se descubrió que la secretaria del Director del BC, Pamela Andrada, entregaba información confidencial al holding Inverlink. Se detuvo al gerente general de la corredora de bolsa, Enzo Bertinelli. El Presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio trató de salvar la empresa realizando actos ilícitos. Se registró un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad del jefe de la tesorería de CORFO. Los papeles se estimaron en unos US$80.000 millones y fueron vendidos al mercado financiero, provocando un caos total. En el directorio de la empresa figuraba Álvaro García Hurtado. El alcalde de Viña, Jorge Kaplan, denunció que García lo había presionado para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink. El ministro en visita, Patricio Villarroel, lo sometió a proceso como cómplice de estafa a la Municipalidad por $1.500 millones. Otro implicado fue el gerente general de CORFO y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas, lo que le costó su renuncia. El presidente del BC, Carlos Massad, también presentó su renuncia

Año 2004

CONAF Detenido su director, Carlos Weber

MOP .El 18 de noviembre se derrumbó el puente Loncomilla, acceso principal a la Constitución. Los sumarios internos del MOP concluyeron con la destitución del Jefe del Departamento de Puentes y Estructuras, Ricardo Reginensi, y el jefe del Departamento de Construcción de Vialidad, Francisco Cornejo

CONAMA. La municipalidad de Talagante denunció acuerdos entre la Conama de Santiago y la empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra

Año 2005

MOP / Ficor, la empresa recpnocio el desvio de dineros hacia la ca,paña de Lagos en 1999,la empresa entregaba facturas por servicios no prestados

Chiledeportes, desvio de dineros

Ministerio de Justicia / DJP S.A. .Soledad Alvear el ministerio de Justicia a su cargo había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de la RM, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutemberg Martínez. De las 123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica, pero sólo 2 de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas: la Sociedad de Defensa Jurídico Penal (DJP S.S.), integrada por la Universidad Miguel de Cervantes, que preside Martínez y la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. El 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo la DJP. También se reveló que el subsecretario de Justicia y miembro del comité de Licitaciones era entonces profesor de esa universidad

MOP / Presidencia de la República / Gescam En junio, el candidato presidencial, Joaquín Lavín, exigió al Presidente Lagos que explicara la presencia de una millonaria licitación que fue adjudicada a su cuñado, Hernán Durán y contratos extendidos por el MOP, descubriendo uno de diciembre de 2002 para asesorías por cerca de $2.000 millones, entregado a la firma Victor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la Primera Dama, Otro importante socio de la consultora era el embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval.

Codelco Gescam, entre 1997 y 2005, realizo 18 asesorías ambientales para Codelco por montos superiores a los $US 900 millones, de los cuales sólo 5 fueron asignados por licitación, mientras que los otros se asignaron directamente, a los hermanos del ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, y del entonces ministro MOP, Jaime Estévez. La sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un contrato por más de 365 millones de pesos por asignación directa, mientras que la empresa TOP Consultores, de Rafael Estévez Valencia, tenía contratos por más de $1.100 millones en cursos de capacitación sin licitación. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de Codelco millonarios proyectos sin procesos de licitación

MOP / Autopista Vespucio Express En 2004 el ministro del MOP fue informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o Tags. El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El MOP acordó adquirir más Tags, pero a cuenta del Estado. Sin embargo, en septiembre de 2006 se supo que el error le había costado al Estado $5.175 millones

MOP / Aeropuerto Arturo Merino Benítez La recién renovada pista del aeropuerto comenzó a presentar serios daños estructurales y se verificó que no cumplía con las normas internacionales de seguridad, al extremo de que generaba una nube de partículas en suspensión de varios metros de alto tras el despegue. Dos semanas después de inaugurada, la pista presentaba grietas y fallas y tuvo que ser reconstruida en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria pagara por las cartas de garantía vigente. Según el ministro del MOP de la época, Jaime Estévez, la pista se puso en operación proque necesitaban reparar de urgencia la pista 1

MOP / Gesys Dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de la Fuente (primo de Luisa Durán y ex jefe de gabinete de Lagos) a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999 a través de su página web. De la Fuente y Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la jueza por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de Gesys y óscar Araos, de Ábaco. Las triangulaciones se realizaron a través de la consultora y se destinaron a la empresa faunes para la elaboración de una página web que apoyaba a Lagos. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto programa de capacitación por $15 millones, que nunca se realizó. Tras ese monto, se descontaron dos facturas que se adeudabana Faunes, sumando un total de $4.720.000. La Séptima Sala de Apelaciones revocó los procesamientos en diciembre

Candidatura PS VI Región / Fosis / Chiledeportes / Sernam / Serviu / Prodemu

El diputado PPD y candidato por la VI Región, Aníbal Pérez, denunció la existencia de una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucró el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos. Pérez puso estos antecedentes a disposición de la Contraloría General de la República. En la red participaban entiodades como el Fosis, Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu

Servicio Nacional de Capacitación y empleo (Sence) / Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC)

En noviembre se anunció un exhaustivo proceso de fiscalización del Sence, tras una denuncia recibida por la Contraloría General de la República sobre vínculos comerciales existententes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación. Se denunció al Jefe de la Unidad de Microempresas y ex Director del Programa Proempleo del organismo, Enrique Correa Jaña y al Jefe de la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidfad, Ramón Castillo Corral

MOP / Ministerio de Transportes / Ministerio del Trabajo

Malversación de fondos del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los puertos

Intendencia de la V Región / Seremi V Región / Candidatura parlamentaria del PS en Quillota

El 7 de diciembre el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció que la candidatura a diputado del PS Marco Enríquez-Ominami utilizó fondos públicos para financiar parte de su campaña, comprar votantes y cometer cohecho. El dinero, unos $3 millones, habrían sido de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos para trabajadores de Quillota, que iban a recibir $50 mil por el desmalezamiento del cerro Macaya. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra 4 personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político, Luis Fernández Sarmiento, y el ex Seremi de Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla, todos por fraude al fisco. En abril, el Ministerio Público logró acreditar que estos recursos estatales fueron utilizados para el pago de activistas políticos. En la querella se agregó al presidente regional del PS, Edgardo Lepe, al concejal de Rinconada de Los Andes, Ricardo Romero León, y el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz Moscoso

Valparaíso

El 27 de febrero, el Ministerio Público formaliza cargos, también por fraude al Fisco, contra Mancilla y Malatesta y otras cinco personas por falsificación de facturas, el pago indebido a una persona que trabajó en la Intendencia y adulteración de documentos. Se investiga el uso de unos 70 millones de pesos

Indap VIII Región

Supuesto envío de un documento por parte del director de Indap de la VIII Región, César Rodríguez, a los distintos jefes que trabajan en su repartición instruyendo recolectar fondos entre sus subalternos para la campaña de Michelle Bachelet. La Contraloría General de la República investiga el tema

Indap V Región

Utilización escandalosa de subsidios de INDAP para el desarrollo agrícola en Quillota por parte de la candidata DC, María Eugenia Mella

2006

Ministerio de Educación / Cofinsa

Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, aparecieron una serie de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la seleción. Luego de un gran enredo de declaraciones para tratar de ocultar lo sicedido, el Presidente Lagos declaró que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, la ministra Hornckhol debió corregir al Presidente, dando a conocer que sólo serían 28 mil. El 21 de enero se reconoció desde el Ministerio que por un "error informático" se habían asignado créditos universitarios a los estudiantes con más recursos

PGE / San Antonio

En San Antonio aún no se formalizan cargos. Se investiga el pago a trabajadores por obras que no se hicieron, la incorporación de reclusos, menores de edad y agitadores políticos en los listados de personas que cobraban remuneraciones correspondientes a los planes de empleo y el robo de computadores, donde estaba almacenada la información

PGE / San Felipe

El alcalde de San Felipe, Jaime Amar (RN), denunció que a su comuna se destinaron 23 millones de pesos para planes que nunca se hicieron. El edil agregó que en la nómina de personas supuestamente favorecidos con estos programas laborales figuran 23 de San Felipe, pero sólo 6 de ellas estaban inscritas en los listados de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

PGE / Choapa / Gobernación

El Ministerio Público acusó al ex Gobernador de Choapa, Julio Rojos (DC), de negociación incompatible y fraude al fisco. El documento acusatorio de 70 páginas, presentado en el juzgado de garantía de Illapel detalla la participación del acusado en la desviación de fondos públicos a campañas políticas. Según establece la investigación, unos $25 millones fueron usados para el pago de activistas de la campaña parlamentaria de la diputada por el noveno distrito, Adriana Muñoz (PPD)

MOP-Foro

El ex presidente de EFE y ex subsecretario de Transporte, Guillermo Díaz, fue encausado por fraude al fisco de $9 millones en el caso MOP-Foro

PGE / Mapuches / Región de la Araucanía

Según denuncio el diputado Gonzalo Arenas (UDI), 9 de los 20 mapuches acusados de participar en los 23 ataques sufridos en los últimos 5 años por el agricultor de Ercilla René Urban, son beneficiarios de los programas de generación de empleo (PGE) que promueve el gobierno en la Región de la Araucanía. Según Arenas, entre enero y septiembre de 2006, estos 9 miembros de la comunidad Temuvuivui han recibido medio sueldo mínimo mensual (cerca de $70 mil) por trabajos que nunca realizaron

Chiledeportes / Irregularidades

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte al auditar aleatoriamente 77 proyectos beneficiados en forma directa con recursos por $417.114.788 entregados los últimos 3 meses de 2005